ElConsejo General de la Abogacía Española ha puesto a disposición de todos los ciudadanos afectados por ejecuciones hipotecarias y a las asociaciones de
ElRDL 1/21 de 9 enero, de protección a los consumidores y usuarios -EDL 2021/675- frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que ha venido a modificar el anterior RDL 11/20 -EDL 2020/8052- dictado durante el primer estado de alarma, prevé una serie de medidas de carácter temporal y extraordinario en relación a
Enmuchas ocasiones, las personas cometen errores al intentar aplicar el Modelo Suspensión Desahucio Por Vulnerabilidad Social. Algunos de los errores más
Prórrogade la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables. Hoy se ha publicado el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la
Deesta manera, en primer lugar, mediante el artículo segundo se amplía hasta el 31 de octubre de 2021 la suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda en situaciones de vulnerabilidad, en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos. Asimismo, dicho artículo amplía la posibilidad de aplicar una prórroga
RealDecreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de
Lassentencias dictadas en los procesos de desahucio por precario son siempre apelables ante la Audiencia Provincial en el plazo de 20 días hábiles desde su notificación. La sentencia no podrá ejecutarse hasta que la misma sea firme y además hayan transcurrido otros 20 días hábiles. Índice. Casos Reales de Precarios.
Eltribunal, para apreciar la situación de vulnerabilidad económica, podrá considerar el hecho de que el importe de la renta, si se trata de un juicio de desahucio por falta de pago, más el de
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